Wildcat 85, otoño 2009
Hacia la revolución a través del estado progresista
En la Cuba en los años 60 la constelación política mundial marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hizo que la lucha de liberación anticolonial se decantara hacia la construcción de un socialismo tercermundista. Desde aquel entonces, todos las tentativas socialistas en Latinoamérica como la guerrilla urbana de Uruguay, la Alianza Popular en Chile a comienzos de los 70 o la revuelta armada en Nicaragua en el año 1979 han estado orientadas a la conquista y la conservación del poder estatal. Por mucho que una parte del movimiento de solidaridad con Nicaragua creyera firmemente en un modelo de fases que culminaría en la revolución social, el verdadero resultado de los ‘diez años revolucionarios’ no ha sido otro que la construcción de las condiciones necesarias para la modernización del capitalismo en el pais. Unas décadas más tarde el proyecto ‘de cambiar el mundo sin tomar el poder’ iniciado por el EZLN en 1994 en Chiapas no ha conseguido establecer vínculos de importancia con otros movimientos sociales mejicanos, quedándose atascado en la defensa de los valores de las comunidades indígenas. Desde el año 2000 la esperanza de los movimientos internacionales de solidaridad gira en torno a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua y a su política de ‘izquierdas’ contra el ‘capitalismo salvaje’. Esta obsesión con el ‘estado progresista’ se ve reforzada por la presencia de fuerzas reaccionarias dispuestas a impedir cualquier forma de cambio social. El mejor ejemplo hoy en día sería el caso de Honduras: un par de cambios en la política social tradicional (por ejemplo la súbida del salario mínimo) y sobre todo el acercamiento a Venezuela fueron suficiente para movilizar a los golpistas, quienes a su vez convirtieron al ex-latifundista Zelaya en un revolucionario a ojos de la izquierda. Mientras tanto los movimientos sociales en Bolivia han sido engullidos por el nuevo Estado y en Nicaragua, un reaccionario FSLN puede mantenerse en el poder aprovechándose del mito de la lucha armada de los años 70. Pero sin lugar a dudas, el baluarte más importante a nivel internacional del ’eje de la esperanza frente al dominio del neoliberalismo« es el »socialismo del siglo XXI« venezolano, basado en los dólares provenientes del petróleo.
Este artículo es un resumen de las experiencias del movimiento de solidaridad con América Central de los años 80, así cómo de las experiencias acumuladas en varios viajes a Nicaragua y Venezuela entre los años 2004 y 2009[1].
Los beneficios del petróleo como base del nuevo Socialismo en Venezuela
El ‘socialismo del siglo XXI’ venezolano es, cómo se decía anteriormente, la referencia más importante dentro del ’eje de la esperanza contra el neoliberalismo«. Las posiciones de la izquierda internacional frente a este proyecto son bastante diferentes:
a) Desde las organizaciones tradicionales de tipo comunista y/o antiimperialista se acusa a la crítica al socialismo bolivariano de ser proimperialista. El proceso bolivariano supondría una mejora respecto a la situación de explotación bajo los anteriores gobiernos: una mejora material de las condiciones de vida de las masas populares que por fin habrían obtenido una voz política, con la que oponerse al imperialismo.
b) Los grupos provenientes de la izquierda radical, así cómo las bases del chavismo suelen defender a grandes rasgos ’el proceso revolucionario‘ haciendo énfasis en la unidad que existe entre ’las masas revolucionarias‘ y su líder. Sin embargo critican ciertos aspectos de la política gubernamental con los que no están de acuerdo y que achacan a la corrupción o al origen burgués de una buena parte de los cargos medios.
c) Los grupos de ideología trosquista, que aún siguen teniendo fuerza en algunas fábricas y empresas grandes, critican al gobierno bolivariano por no atreverse a llevar a cabo una política de expropiación radical y por no otorgar el poder al pueblo y propugnan la necesidad de un partido que asocie a los trabajadores y lidere el proceso.
d) Desde otras posiciones se hace incapié en las posibilidades que el nuevo gobierno ofrecería al desarrollo de iniciativas radicales de base, viendo en este punto el mayor potencial del proceso: si la miseria y la pobreza de la población son los principales obstáculos para el desarrollo de luchas sociales, el chavismo estaría creando las condiciones para que estas luchas puedan tener lugar. Desde esta posición y con una perspectiva de solidaridad crítica se intenta lanzar un debate sobre los fines y las posibilidades de la ’revolución del Siglo XXI‘, pero esta discusión raramente gira en torno al desarrollo y los avances reales del proceso.
e) Los grupos libertarios o partidarios del comunismo de consejos critican abiertamente al chavismo, que según ellos no está haciendo otra cosa que llevar al poder a una nueva fracción de la burguesía, pero sin cambiar las estructuras capitalistas.
Del Caracazo a la radicalización del proyecto chavista
Durante más de 30 años, los corruptos gobiernos cristiano- y socialdemócratas han estado repartiendo los beneficios de la renta petrolífera entre las compañías extranjeras y la oligarquía venezolana. En el año 1989, la rabia del pueblo explotó y desembocó en un levantamiento en Caracas contra un nuevo programa de ahorro, impuesto por el FMI y aprobado por el gobierno de entonces. Después de esta revuelta, conocida con el nombre de Caracazo, las masas populares comenzaron a organizar de forma autónoma parte de la vida cotidiana en los barrios (agua, canalización, basura, etc) a través de asambleas vecinales y comités de base autogestionados. En este contexto da los primeros pasos lo que más tarde sería el chavismo, intentado dar a la protesta una voz uniforme y exigiendo una democracia más social y justa.
Una parte de las élites tradicionales del pais parece tolerar el proyecto, pues suponen que puede llevar a una mejora de las condiciones generales para la reproducción del capital y que un par de concesiones en materia social no es un precio demasiado alto, si como contrapartida se consigue restablecer el orden y la tranquilidad en el pais. Pero la determinación con la que tras su reeleción el principal protagonista del Proyecto se enfrentó a las viejas formas de nepotismo e intentó desarrollar determinados programas sociales, hizo que esta tolerancia inicial no durase mucho. Esto, unido a los planes del Gobierno para una reforma agraria, así cómo de una modificación de la Constitución para ampliar las posibilidades de participación, hicieron que las viejas élites y una buena parte de la clase media respondieran con un intento de golpe de estado en abril del 2002 y una huelga dirigida desde arriba entre diciembre del 2002 y febrero del 2003 en el sector petrolífero, de vital importancia para el Gobierno. Sin embargo no fueron capaces de lograr su objetivo principal: derrocar al Gobierno. Las masas populares de los barrios más pobres de Caracas salieron a manifestarse contra los golpistas y los técnicos de la compañía estatal petrolífera PDVSA se hicieron con el control de una parte de la paralizada producción para ponerla de nuevo en marcha. Estas movilizaciones alcanzaron rápidamente una dinámica propia, que si bien fue inicialmente aprovechada por el Gobierno Bolivariano mientras sirviera para conservar el poder, acabó siendo frenada cuando pasó el peligro inicial.
Después de las dos intentonas golpistas, el proyecto bolivariano se radicalizó: se llevaron a cabo proyectos sociales de grandes dimensiones (las misiones), se empezó a repartir la tierra que se estaba expropiando a los latifundistas, se estatalizaron sectores claves de la industria con la participación de los trabajadores y se otorgó a la población mayores posibilidades de participar en los procesos políticos. Ésta vendría a ser a grandes rasgos la versión oficial del ’Socialismo del Siglo XXI«. Pero si se comparan los discursos programáticos del Gobierno bolivariano con los progresos reales en el pais, la situación es bien distinta: tan sólo una pequeña parte de la renta petrolífera se destinó a los programas sociales, tendencia que se consolida con la caída del precio del petróleo en el verano del 2008. La reforma agraria avanza de modo lento y titubeante, por que el Gobierno teme la confrontación directa con los latifundistas, con el problema añadido de que la disposición y la capacidad real de producción agrícola no es muy grande, pues una gran parte de la población vive en las ciudades y no en el campo. En las empresas estatalizadas o ocupadas la situación de los trabajadores apenas ha cambiado y las posibilidades de participación popular a través de las iniciativas de base están en todo momento sometidas al control central, ya que dependen ecónomicamente del dinero que les concede el Gobierno.
La crisis y el programa de ahorro bolivariano
La gran subida del precio del petróleo a partir del año 2002 y su explosión a partir del verano del 2006 había hecho posible las amplias inversiones en programas sociales y empresas estatales. Pero con la drástica caída del precio del principal producto de exportación venezolano en el verano del 2008 (el petróleo y el gas natural suponen el 80% de las exportaciones y el 50% de los ingresos), el proyecto bolivariano empezó a tambalearse. Después de que en las elecciones municipales del 2008 los candidatos del chavista PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) obtuvieran la mayoría de los votos, el partido emprendió una huída hacia adelante. A la vista del empeoramiento de las condiciones económicas, se consideró necesario que el líder del movimiento pudiera presentarse como candidato a las elecciones del 2012, ya que el PSUV necesitaba de su carisma para ganarlas. Para ello era imprescindible reformar la Constitución de tal manera que alcaldes, gobernadores y el presidente de la República se pudiesen presentar a la reelección después de dos mandatos, para lo que se convocó un referéndum. Con esta consulta se volvía a poner a la opinión pública bajo presión, reduciendo la discusión sobre la situación política a la disyuntiva del sí o el no ’al socialismo y a su líder«.
Después de una descomunal campaña de publicidad en los medios y en la calle, 6,3 millones de venezolanos votaron por la reforma de la Constitución mientras que 5,2 millones votaron en contra y 5 millones se abstuvieron. Inmediatamente después, el gobierno empezó a trabajar en un paquete de medidas contra la crisis, medidas que según sus palabras no iban a perjudicar al ‘pueblo’. Un programa de ahorro tradicional con las típicas subidas de precio directas para productos básicos como alimentos, gasolina o transporte hubiera supuesto un suicidio político.
Con el término ’pueblo‘ se alude al 60% de la población que, en función de sus ingresos, puede ser considerada como pobre o muy pobre. Desde el punto de vista político, el término abarca a las masas desorganizadas, en especial de los sectores informales de la economía, que son las que más fácilmente pueden ser movilizadas por las instituciones estatales y del partido. De los 28 millones de habitantes del país aproximadamente el 90% vive en las ciudades. Se trata de una población muy joven (12 millones de habitantes aún no han cumplido los 15 años) con 13 millones de personas consideradas ‘económicamente activas’, de las cuales unos 7 millones tiene algún tipo de contrato laboral. Muchos de los 2,5 millones de empleados estatales, la mayoría de los trabajadores del sector de comercio así como algunos trabajadores de la industria automóvil cobran el salario mínimo establecido por el Gobierno.
El nuevo paquete de medidas económicas fue anunciado el 21 de Marzo del 2009 y se presentó categoricamente no cómo paquete de ahorro, sinó todo lo contrario, como un conjunto de medidas que debería proteger los principales logros de la revolución bolivariana. A los aproximadamente tres millones de trabajadores que reciben el salario mínimo se les concedió por decreto y sin discusión un aumento que, al contrario de lo usual, no llega a cubrir la tasa de inflación: un 10% en mayo del 2009 (con lo que el salario quedaba en 880 Bolivares Fuertes) y un 10% más a partir de septiembre del 2009 (970 BsF). El valor del Cesta-Ticket (un suplemento al salario mínimo en forma de cupones que pueden ser canjeados en determinados comercios) creció en un 20% hasta un total de 400 BsF. A pesar de las declaraciones del ministro de finanzas que había prometido en abril del 2007 suprimir a corto plazo el IVA, al que tachó de tasa impuesta por la política de ahorro del FMI e incompatible con una economía socialista, el IVA aumentó de un 9% al 12%.
En el 2008 el salario mínimo y el cesta-ticket ya no cubrían las necesidades básicas de una familia media. En Venezuela el precio de los alimentos no subvencionados, ropa, restaurantes, peluquerías, cines o repuestos para coche son semejantes a los de Alemania, siendo el úncio producto realmente barato la gasolina (50 litros cuestan un dólar y medio). Considerando que la tasa oficial de inflación en el 2008 rondó el 30% y que en la primera mitad del 2009 volvió a subir en igual medida, el resultado real del paquete de medidas económicas del Gobierno supone una nueva pérdida de capacidad adquisitiva para la población, igualándose el valor del salario mínimo de 650$ (el cambio ofical es de 2.15 BsF por 1$) a la media latinoamericana.
Además, el paquete de ajustes económicos incluye un recorte en los gastos estatales y una bajada de los sueldos de altos funcionarios del 6,7%. Con ello se pretende atajar la corrupción y el derroche, pero los resultados están por ver, pues se trata de una consigna que aparece repetidamente en los discursos oficiales, pero que hasta ahora para lo único que ha servido es para confirmar que la corrupción no es un invento de la oposición.
Lo que está en juego es la supervivencia política hasta las próximas elecciones presidenciales. Aunque empieza a haber voces en los círculos del Gobierno que al menos discuten sobre el precio de la gasolina, que por cuestiones políticas roza lo simbólico, una subida de su precio siendo tabú, pues se teme por un lado el aumento del precio de los transportes y por otro el eliminar una subvención muy importante para la clase media, que habituálmente se desplaza en automóvil.
Según informa la compañía estatal de petróleo PDVSA en su página de internet, con cuyas ganancias se subvencionan las misiones, se está reduciendo la financiación de programas sociales. El Gobierno quiere seguir garantizando la oferta de servicios básicos ’para el pueblo«. Pero la Seguridad Social gratuita abarca cada vez menos, el personal y los medicamentos escasean y los horarios de atención disminuyen. La red de mercados estatales (mercales), en la que se venden alimentos subvencionados o a precios establecidos por el estado sigue funcionando, pero los productos escasean. Así puede ocurrir, que cuando hay en oferta productos como carne de pollo, la gente empiece a hacer cola a las tres de la mañana, llegando a producirse auténticas peleas. Debido a las dificultades logísticas y a los numerosos casos de corrupción de los mercales se ha creado una segunda red de abastecimiento llamada PDVAL (Producción y Distribución Venezolana de Alimentos) ligada directamente a la compañía petrolífera PDVSA.
Al mismo tiempo el Gobierno quiere garantizar que algunos productos de importancia sean ofrecidos a precios asequibles por proveedores privados, llegando incluso a intervenir militarmente, como por ejemplo en Marzo del 2009, cuando se enfrentó con ayuda del ejército a las procesadoras de arroz, aunque sin poder evitar una nueva subida de precio. La nacionalización de algunas procesadoras de alimentos es a su vez un intento de aumentar la producción, pero aún así la tasa de importación sigue siendo muy alta, en torno al 60% y en algunos casos superior, incluso para los alimentados básicos subvencionados.
Con el pueblo en contra de la clase trabajadora?
Las medidas ‘de ahorro’ ya vienen funcionando a otros niveles hace tiempo. En las empresas estatales se han producido numerosas olas de despidos y pese a las repetidas promesas de luchar contra las subcontratas, el porcentaje de trabajadores con contratos de trabajo temporal sigue siendo muy alto. En los sectores de sanidad, educación, administración pública y en empresas estatales cómo la PDVSA, el metro de Caracas[2] o la industria pesada, la situación de precariedad laboral es especialmente extrema, pues desde hace años no se han firmado nuevos convenios laborales, o si se ha hecho no se respetan y sólo se están pagando los escuetos sueldos básicos sin ningún tipo de suplemento. La desidia, la burocracia regional y las luchas internas entre sindicatos son factores determinantes en esta situación, en los que a su vez se ampara el Gobierno para poner en duda la legitimación de sus oponentes y suspender las negociaciones.
Pero detrás también se esconde una premisa política básica del Gobierno y del Partido: el argumento de que, comparados con las empobrecidas clases populares, los trabajadores de las grandes empresas nacionales, con sus altos sueldos y su segura posición social son ’privilegiados‘, por lo que deben de estar dispuestos a ’llevar a cabo sacrificios‘. Durante los últimos meses los trabajadores en huelga de la sanidad, del metro (5000 empleados), de la siderúrgica SIDOR[3] (12000 empleados) y sobre todo de la empresa petrolífera PDVSA[4] (80000 empleados) han sido a menudo difamados como ’arístocracia obrera«[5], que en su afán por defender sus ‘intereses especiales’ está poniendo en peligro el futuro del proyecto socialista. Desde el Gobierno se les ha amenazado repetidamente con la respuesta del ‘pueblo’ (organizado y por organizar) que no estaría dispuesto a tener ningún tipo de paciencia con sus huelgas.
Ahora mismo es difícil de saber si la base social del chavismo, compuesta sobre todo por las masas populares empobrecidas de la ciudad ocupadas en el sector informal y por una nueva clase media asentada en la burocratía estatal, el partido y los programas sociales va a dejarse instrumentalizar en contra de las huelgas de trabajadores o si se trata de una amenaza de tipo propagandística y con poco fundamento. Pero no sería la primera vez que se usara a la Guardia Nacional y a otras unidades policiales contra los trabajadores. Las huelgas en SIDOR en la primavera del 2008 que precedieron a su nacionalización se saldaron con numerosos heridos y detenidos, algunos de los cuales están siendo ahora llevados a juicio y el intento de desalojo de la ocupada factoría de Mitsubishi en enero del 2009 acabó con dos trabajadores muertos por heridas de bala.
Las preguntas que se plantean son, por un lado, saber si será posible enfrentar a los trabajadores de las grandes empresas con los habitantes de los barrios, saber si ’el pueblo‘ realmente cree que los empleados del metro o las enfermeras ganan tanto dinero que no están moralmente capacitados para protestar o si saben cómo son en verdad las condiciones laborales en estos sectores. Por otro lado se trata de saber si los trabajadores van a ser capaces de mirar más allá del horizonte de su empresa y ver que dinámicas pueden resultar de las luchas de los ‘relativamente privilegiados’.
Ante los actuales conflictos en la industria petrolera, el Gobierno prefiere recordar las huelgas ’contrarevolucionarias‘ del 2002/2003, que se saldaron con miles de despidos. A los empleados de las petrolíferas y a sus sindicatos no les va a servir de nada criticar la hostilidad del Gobierno hacia los trabajadores. La única forma de defenderse de los ataques es el buscar el diálogo con el resto de la población, con los trabajadores de otras empresas, con sus vecinos y hacerles partícipes de sus condiciones laborales y más allá, de sus condiciones de vida. No se trata de asumir la figura de un ’pueblo unido‘ sin diferencias de clase, dispuesto en todo momento a apoyar las líneas actúales de la política gubernamental. El objetivo debe ser un intento de formular las necesidades propias, independientemente de si estas son o no favorables a la ’revolución‘…
Servir a la revolución o…
Este diálogo sigue sin apenas producirse. Si bien es cierto que las personas tienen una mayor confianza en sí mismas, que son conscientes de que tienen voz y de que ésta es escuchada, también es cierto que esta voz generalmente no se está usando para articular los intereses propios, sinó para hacer peticiones… peticiones al Estado, al Partido, al Gran Líder. Esta actitud de subordinación frente al paternalismo de los líderes del momento está también extendida entre los sindicatos de izquierda no chavistas. La continua polarización, la presión de tener que elegir entre la oposición reaccionaria y el chavismo está dejando sin libertad de movimientos a la gente que en principio está dispuesta a salir a la calle para luchar por sus exigencias sociales. Los trabajadores, como núcleo potencialmente organizado dentro de los conflictos, están políticamente aislados. La organización autónoma e independiente de las instituciones estatales es practicamente imposible y esta grave falta de orientación del movimiento hacia la autogestión y el debate abierto no es culpa de los cuadros de mando reaccionarios procedentes del antiguo aparato estatal, cómo suelen argmentar los partidarios de la revolución bolivariana, sinó que es un problema estructural del PSUV y de los dirigentes revolucionarios.
El convencimiento de que el ‘Estado Progresista’ está llevando a cabo una revolución y de que en vista de la fuerte oposición ejercida por la derecha no se pueden permitir divergencias en el campo propio también ha calado fuerte en muchos de los grupos de solidaridad con Venezuela en Europa, que se niegan a discutir sobre las contradicciones de la revolución bolivariana argumentando que, mientras los estados centrales capitalistas se apresuran en atacar al estado social como lujo inviable, el Estado venezolano destina una (pequeña) parte de la renta del petróleo a programas sociales, postulando además que la oposición del Gobierno bolivariano a las guerras en Irak y Afganistan ofrece una ‘perspectiva revolucionaria internacional’.
Parece que 25 años más tarde las preguntas abiertas que dejó el movimiento de solidaridad con América Central siguen sin contestar. Un debate abierto sobre estas preguntas podría suponer un avance en la teoría y la práctica para un proceso de revolución social, y no sólo en Latinoamérica.
Agosto 2009
las anotaciones:
[1] La parte del artículo referente a Nicaragua no está incluída en esta traducción, pero a continuación ofrecemos un pequeño resumen de su contenido:
La constelación histórica en la que se producen las luchas anticoloniales y los movimientos de liberación nacional llegó a su fin a mediados de los años setenta, siendo la derrota de la dictadura de Nicaragua a manos de un movimiento nacionalista de liberación armado el último episodio de la concepción «rodear las ciudades desde el campo»
La lógica interna del FSLN – una organización militar nacida en el seno de la clase media nicaraguense – llevó a un programa de democracia radical (alfabetización, salud para tod@s, reforma agraria, estatalización de industrias importantes, participación democrática) y a su vez a la instrumentalización del ‘pueblo’ para preservar el poder de la vanguardia. Esta política de ‘leninismo suave’ de los años 80 es la raíz del actúal autoritarismo del FSLN-orteguista. El movimiento de solidaridad internacional nunca llegó a establecer una discusión política con el FSLN, autolimitándose a un papel pasivo y subordinando los problema sociales en Nicaragua a la lucha antimperialista.[2] Los 5000 trabajadores del Metro de Caracas están cobrando practicamente el salario mínimo más el cesta ticket. Al principio el Gobierno argumentó que el convenio salarial de diciembre del 2008 no era válido y más tarde que no era económicamente viable. Durante el periodo anterior al referéndum del 15 de Febrero del 2009 se produjeron negociaciones privadas en un círculo muy restringido en las que participaron algunos representantes de los sindicatos. Inmediatamente después del referéndum, unos 2000 trabajadores del metro exigieron poder participar de forma directa en estas negociaciones iniciandouna serie de manifestaciones. El Gobierno respondió a estas protestas, y a otras de similar carácter en la industria pesada, a través del presidente quien dijo que no se iban a consentir ’actos de sabotaje de carácter político«, vinculando las amenazas de huelgas a ’los objetivos contrarevolucionarios de la oposición« y llamando a la policía a defender a las empresas de estos intentos de sabotaje. Finalmente y sin que hubiera lugar para discusión o asambleas, se firmó un nuevo convenio en el que desparecían más del 40% de las mejoras anteriormente pactadas.
[3] Un año después de las huelgas de la primavera del 2008 en SIDOR los conflictos siguen siendo los mismos: si bien han aumentado los sueldos, el riesgo de accidente laboral sigue siendo muy alto, con numerosos heridos y algunos muertos. La situación de los 8000 trabajadores con contratos temporales tampoco ha cambiado y los pocos que han recibido un contrato indefinido, lo han hecho de acuerdo a las negociaciones anteriores con los antiguos propietarios, una empresa argentina. Actúalmente y debido a la bajada de la demanda de acero a nivel mundial, una parte de la plantilla está trabajando con reducción de jornada y existen planes de prejubilación que afectan a cientos de trabajadores, quienes se quedarían con un 50% de su sueldo actúal. Además, debido a la situación de crisis, el gobierno quiere renegociar los convenios colectivos de noviembre del 2008. En este contexto se siguen produciendo mobilizaciones de los trabajadores, quienes a su vez siguen siendo amenazados por el Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, que les acusa de ser partícipes de un plan de la oposición de derechas para desestabilizar a la región.
[4] A primeros de marzo del 2009 la empresa estatal del petróleo PDVSA hizo públicas en todos los periódicos sus intenciones de hacerse cargo de sus obligaciones ecónomicas respecto a los más de 20000 empleados que estaban trabajando a través de subcontratas. Estas declaraciones eran la reacción a una serie de pequeñas huelgas y manifestaciones de trabajadores con contrato temporal de la industria petrolera que durante semanas estuvieron sin cobrar su sueldo o cobrando solamente una parte de él, porque PDVSA no había pagado a las subcontratadoras. En una arenga a los trabajadores del petróleo a finales de abril del 2009, el ministro responsable aseguró que la respuesta del Gobierno a la crisis iba a ser ’más socialismo«, anunciando que los puestos ejecutivos iban a perder parte de sus privilegios (coches oficiales y generosas incentivas económicas) y a tener que aceptar una bajada de sueldos, pero su mensaje central iba destinado a los trabajadores: a causa de la crisis y de los bajos precios del petróleo era imposible pensar en un aumento de sueldo para nadie que trabajase para la PDVSA. Con el argumento de que es la hora de defender la industria petrolera con ’la máxima conciencia posible«, el Gobierno parece cerrar definitivamente la puerta a cualquier tipo de negociaciones salariales o, al menos, esto es lo que temen algunos sectores sindicales.
[5] En el escrito ’Imperialismo, fase superior del Capitalismo« Lenin, defraudado por la socialdemocracia alemana que hasta ese momento había sido su gran mentora, desarrolla una teoría completa sobre la ‘aristocracia obrera’, según él, el sector de la clase altamente cualificado, que puede ser ‘sobornado’ mediante sueldos superiores a los de la media. Llevada a sus últimas consecuencias esta teoría supone una inversión de la teoría de la lumpenización, al postular que los sectores materialmente mejor situados de la clase tenderían a defender posiciones contrarevolucionarias, negando así la posibilidad de cualquier dinámica dentro de la clase. - En Venezuela, las diferencias entre el salario mínimo y los sectores mejor pagados son similares a las que existen en Alemania entre el séctor informal y los trabajadores fijos de empresas como Mercedes.